Siguen los ataques a instituciones cartaginesas por parte del Gobierno: Hacienda alega que regla fiscal no permite ajuste de presupuesto solicitado por Colegio Universitario de Cartago para mantener dos carreras nuevas

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Siguen los ataques a instituciones cartaginesas por parte del Gobierno: Hacienda alega que regla fiscal no permite ajuste de presupuesto solicitado por Colegio Universitario de Cartago para mantener dos carreras nuevas. 

*Comisión legislativa de Cartago trabajará en proyecto de ley para autorizar uso de recursos para Big Data y Gestión de Calidad, ante negativa de Gobierno de ajustar base de cálculo presupuestario.

La solicitud de una modificiación en el cálculo del presupuesto del Colegio Universitario de Cartago (CUC) permitió evidenciar al ministro de Hacienda Nogui Acosta su rechazo blindado a la posibilidad de realizar ajustes en torno a la regla fiscal; en este caso, cerrando la puerta a un ajuste solicitado por esa institución educativa para mantener el financiamiento de dos carreras recién abiertas, Big Data y Gestión de Calidad, así lo publicó en una nota el medio Semanario Universidad.

Las autoridades del CUC, la decana Ana Isabel Víquez y el Director de Planificación Alexander Hernández acudieron a la comisión legislativa de Cartago para exponer una solicitud que plantearon ante autoridades de Hacienda: que se le reconozca un presupuesto extraordinario de ₡300 millones con el que se financió la apertura de esas carreras en el 2023, como parte del presupuesto total de ese año.

“No pedimos más recursos; eran fondos que estaban en el presupuesto ordinario del 2023, pero no se pudieron incluir a tiempo porque faltaba una certificación del Ministerio de Educación (MEP), cuando llegó, solicitamos la autorización en un presupuesto extraordinario, por eso solicitamos que para los siguientes años, se consideren esos ₡300 millones como parte de la base de cálculo para el presupuesto del 2023”, explicó Hernández.

Las dos carreras ya se imparten, y Hernández resaltó que se trata de un perfil de profesiones que el mercado demanda, además del mal mensaje que representaría cerrarlas no por falta de recursos, sino porque no se tuvo una certificación a tiempo.

Sin embargo, Acosta fue contundente con su posición de recortas presupuestos de Educación, al afirmar que se trata de una solicitud que la ley de empleo público y las disposiciones de regla fiscal no permiten este ajuste. “La aplicación de la regla fiscal no es optativa, se aplica sobre el presupuesto inicial; el ministro de Hacienda no es el que define cómo se aplica”, declaró el ministro ante los diputados.

Además, Acosta aseguró que el tema de la regla fiscal también debía considerarse porque no solo se considera el gasto del MEP, sino también el presupuesto individual del CUC, lo que impediría que la Contraloría lo avalara, al superar el monto de la regla fiscal, por el contenido del presupuesto inicial del 2023.

Esto provocó el reclamo de diputados como Paulina Ramírez y Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN), en el sentido de que la posición del ministro evidenció falta de voluntad de Hacienda para buscar una solución.

Acosta insistió en que la ley no dejaba oportunidades de un ajuste, y que el camino que existía era que el CUC buscara aumentar su eficiencia o un mecanismo para utilizar el superávit que registra el Colegio.

Y cuando Ramírez le solicitó dejara abierta la posibilidad de una solución técnica para este problema presupuestario del CUC, Acosta enfatizó que no había posibilidad. “No estoy de acuerdo con crear antecedentes de que le resolvamos un problema a cada institución que tenga un problema administrativo, se lo resolvamos”, expresó, e insistió en que el CUC debería aprovechar mejor los recursos que recibe.

Ante esta postura, y dadas las inquietudes de legisladores como Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), por el carácter técnico que tomaba el tema, los diputados de la comisión optaron por aprobar una subcomisión, con la participación de Ramírez, Obando, para buscar una solución, que apuntaba a un proyecto de ley para autorizar al CUC a un uso de su superávit para atender el problema.