ANTE FALTA DE PROPUESTAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA URGE AL GOBIERNO TOMAR MEDIDAS PARA ENFRENTAR CRISIS ENERGÉTICA GLOBAL

ANTE FALTA DE PROPUESTAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA URGE AL GOBIERNO TOMAR MEDIDAS PARA ENFRENTAR  CRISIS ENERGÉTICA GLOBAL

La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) ha emitido un llamado urgente al gobierno nacional para que implemente con prontitud estrategias efectivas que permitan enfrentar la creciente crisis energética mundial. Según expertos de la institución, el escenario actual demanda acciones concretas que aseguren la estabilidad del suministro energético y promuevan la transición hacia fuentes renovables.

A pesar de este escenario, y de los anuncios de posibles ajustes en los precios de los combustibles previstos para mayo, en Costa Rica aún no se observa una discusión amplia ni un planteamiento claro de medidas para mitigar los efectos de esta coyuntura por parte deo Gobierno actual ni de Laura Fernández

"En particular, el encarecimiento del diésel presionaría los costos del transporte de carga y del transporte público, este último ya afectado por una crisis estructural que ha derivado en el abandono de más de 100 rutas de autobús en los últimos años.

T+A estos factores se suman riesgos adicionales provenientes del entorno internacional. Un menor dinamismo de los principales socios comerciales podría traducirse en una caída de la demanda por exportaciones costarricenses; al mismo tiempo, podrían registrarse mayores precios internacionales de los alimentos, reducciones en la producción agrícola global, incrementos en los costos del transporte aéreo y marítimo, encarecimiento de los boletos aéreos e incluso riesgos de escasez de combustible para aviación —aunque este último aún no se ha materializado—. Todo ello podría venir acompañado de tasas de interés más altas y mayores costos de financiamiento externo", señala los expertos de la UNA 

Ante este escenario de crecientes riesgos para la economía costarricense, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, hace un llamado firme y respetuoso a las fuerzas políticas del país para alcanzar, con la mayor celeridad posible, un acuerdo que permita definir e implementar medidas urgentes de preparación y mitigación. En esa línea, y con el propósito de contribuir al debate, se plantean las siguientes propuestas: 

1. Evitar un mayor deterioro del transporte público. 

2. Mejorar la calidad y atractivo del transporte público. Es necesario avanzar en la construcción de terminales de autobuses, mejorar la infraestructura de paradas —con un rol activo de los gobiernos locales— y fortalecer la seguridad y accesibilidad en estos espacios, con el fin de incentivar su uso y revertir la caída en la demanda del servicio. 

3. Acelerar la transición hacia buses eléctricos.

4. Ampliar el uso del teletrabajo a nivel nacional. Se propone establecer su aplicación obligatoria en el sector público y promover activamente su adopción en el sector privado, evaluando además ajustes normativos que faciliten su implementación en todas aquellas actividades donde sea técnica y operativamente viable, con el fin de reducir costos de movilidad y consumo de combustibles. 

5. Fomentar la virtualización en la educación superior. 

6. Apoyar al sector agrícola frente al encarecimiento de insumos. 

7. Establecer un subsidio focalizado al combustible para productores agrícolas. 

8. Promover la coherencia en el uso de los fondos públicos. Se propone revisar y reducir de 500 a 200 litros mensuales la asignación de combustible otorgada a cada persona diputada, con el fin de alinear este beneficio con criterios de austeridad, eficiencia y uso racional del recurso. 

9. Reformular el apoyo al sector pesquero. 

10. Plantear ajustes tributarios para financiar las medidas aquí propuestas. 

 

Nota del Redactor. Inseguridad y debilitamiento del comercio en Cartago

 #NotadelRedactor 

Cartago enfrenta una difícil realidad: cierres de comercios, reducción de aforos, caída en ventas y cambios en los hábitos de consumo, todos derivados de un aumento preocupante en la inseguridad, delincuencia e indigencia. 

Un claro ejemplo de esta crisis fue el cierre reciente del emblemático negocio Malued en pleno centro de la ciudad, una decisión que encendió las alarmas entre comerciantes, vecinos y trabajadores locales. 

Ellos coinciden en que la situación ha venido empeorando rápidamente en los últimos meses, afectando gravemente la actividad económica de la zona. En varios puntos del casco central, los dueños de negocios señalan que la violencia, los robos y la presencia constante de personas sin hogar han alterado significativamente su dinámica diaria. Han tenido que modificar horarios, reforzar medidas de seguridad, incurrir en mayores gastos para limpieza y protección, e incluso reducir la capacidad de atención en sus locales. 

Entre los afectados se encuentran establecimientos icónicos como La Librería Cartago y la marisquería La Anclita, que se vieron obligados a ajustar el tamaño de sus espacios. Según reporta el medio La Nación esrw miércoles, los comerciantes del centro de Cartago viven bajo una creciente preocupación debido a recientes ataques armados en esta zona. 

Al problema de la violencia se suma el considerable aumento de indigentes que han ocupado el casco central, justo frente a las autoridades municipales, cuyo accionar ha sido insuficiente para abordar esta compleja problemática. 

Entre las mayores quejas se encuentra la proliferación de los mal denominados "cuidadores de carros", algunos de los cuales han incurrido en comportamientos agresivos, como insultos hacia mujeres y estudiantes. 

La inseguridad también impacta directamente a centros educativos como la Escuela Jesús Jiménez, Ascensión Esquivel Ibarra, Escuela Padre Peralta, el kínder de la Jesús Jiménez y el comedor infantil del Patronato Nacional de la Infancia. Estas instituciones enfrentan constantes problemas por el entorno hostil, donde es común observar consumos de drogas,a plena vista y sin intervención efectiva por parte de las autoridades. 

Esta crítica situación social no se debe únicamente a las actividades de bandas o grupos delincuenciales. Más bien, es consecuencia de un prolongado debilitamiento de las políticas públicas bajo la administración actual y una municipalidad con capacidad limitada para responder adecuadamente, donde algunos regidores, solo han sido "eficientes" para sentarse a negociar puestos y hacer alianzas con el chavismo. 

La falta de acciones concretas ha permitido la proliferación incontrolada de problemáticas como el auge del crimen organizado, el desbordamiento de la indigencia y el incremento de espacios usados como búnkeres para actividades ilícitas, mientras se deja de lado la necesidad urgente de mantener el orden y garantizar una adecuada gestión social y comunitaria.

NOTA DEL REDACTOR : CUENTA REGRESIVA

 #NotaDelRedactor

⏳ Cuenta regresiva: A medida que se acerca el 8 de mayo, es importante tener presentes los siguientes datos: 

- Total de personas con derecho a votar: 3,731,788 (100%). 

- De estas, votaron por Laura: 1,243,141 (33.31%). 

- Mientras que no votaron por Laura (ya sea porque no votaron, emitieron nulo/blanco o eligieron a otro candidato):  2,488,647 personas, lo que representa el 66.69% del total. Estos datos evidencian una lucha patriótica ejemplar, en la que nos enfrentamos al poder del dinero cuestionable, así como al chantaje, la calumnia, el odio y la discordia.

Estos números son esenciales para recordar, ya que reflejan que solo un 33% respaldó a Laura Fernandez para alcanzar la Presidencia de la República, lo que representa una MINORÍA. 

Otro punto relevante es que el Partido Pueblo Soberano PPSO no abarca a la totalidad del pueblo costarricense. El estilo del actual gobierno, que nunca fue elegante ni estuvo a la altura, conectó únicamente con una parte, pero no con la mayoría de los costarricenses. 

Es crucial que los diputados de oposición en la próxima Asamblea Legislativa tengan esto muy claro y NO inclinen la cerviz ante las presiones y las amenazas.  La agenda del ególatra —que incluye la posible reelección presidencial continua, los intentos de debilitar el Poder Judicial y el desmantelamiento de la Contraloría General de la República— no representa los intereses de la mayoría del pueblo de Costa Rica. 

Laura Fernández nuevamente utiliza la Fe y a la Virgen de los Ángeles como herramientas de instrumentalización

 #NotaDelRedactor

Laura Fernández nuevamente utiliza la Fe y a la Virgen de los Ángeles como herramientas de instrumentalización. 

En los momentos de crisis, los líderes no solo exponen su estrategia, sino también su visión fundamental del mundo. En el contexto actual, marcado por el aumento de tensiones en Irán, el creciente intervencionismo militar de Estados Unidos y los ataques de Donald Trump al Papa León XIV, líder de la Iglesia Católica, las fronteras entre política y simbolismo religioso parecen haberse desdibujado peligrosamente.

Lo que resulta más alarmante es la instrumentalización deliberada de la fe en un periodo de gran fragilidad, tanto nacional como global. Mientras el Papa León XIV, desde Camerún, lanza un contundente mensaje condenando a los "tiranos" que destruyen el mundo—en referencia a Trump y Netanyahu—en Costa Rica la situación toma un rumbo diferente.

El gobierno actual y Laura Fernández han mostrado admiración hacia esas mismas figuras, entregando la soberanía del país a Estados Unidos y normalizando relaciones con el estado de Israel, señalado por muchos como responsable de acciones genocidas.

En este contexto, Fernández ha convocado además a una misa en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago. Este acto, lejos de unir a la población en torno a valores esenciales, parece polarizar aún más a un país que observa con preocupación la alineación de su liderazgo político con políticas intervencionistas.

Un amplio sector de la comunidad católica global ha llamado insistentemente a priorizar la prudencia, el diálogo y la paz. Sin embargo, Fernández se mantiene alineada con Trump y sus políticas belicistas, sin expresar apoyo alguno al Papa León XIV, quien ha sido reiteradamente atacado por el presidente estadounidense.

Esto no es simplemente cuestión de debilidad política por parte del Papa, como intentan algunos simplificar. Es un posicionamiento de siglos de enseñanza ética y moral. La Iglesia, pese a sus errores históricos, ha entendido lo que muchos líderes políticos parecen pasar por alto: el verdadero costo humano de una guerra no se mide en victorias estratégicas ni ganancias territoriales, sino en vidas truncadas, generaciones heridas y sociedades devastadas.

En el caso particular de la guerra ilegal emprendida por Estados Unidos contra Irán, las consecuencias podrían ser catastróficas. No estamos ante un conflicto aislado o lejano; las tensiones tienen el potencial de involucrar a múltiples potencias globales, desestabilizar los recursos energéticos y desencadenar una crisis humanitaria de dimensiones todavía incalculables.

Cuando la religión se convierte en una herramienta para consolidar el poder político, pierde su esencia transformándose en mero instrumento propagandístico. Laura Fernández lo utilizó como recurso durante su campaña y está repitiendo esa estrategia ahora.

Caso de Keibril Casasola García, sigue VIVO

#NotaDelRedactor 

Este  9 de abril se cumplen tres años de un caso que ha dejado una profunda herida en Costa Rica, una historia que sigue sin resolverse por completo.

Keibril Casasola García, quien debería estar celebrando hoy su tercer cumpleaños, permanece en la memoria colectiva tras su desaparición. Aunque su padre biológico ya fue condenado por este hecho, el dolor y las preguntas continúan vigentes. Con el paso del tiempo, nuevos detalles han engrosado el expediente, revelando un entorno de violencia y agresiones que agrava aún más el impacto de esta tragedia.

Ronald Moya Chacón y Rodolfo Martín Obando, dos periodistas costarricenses, han asumido la tarea de mantener vivo este caso a través de su libro "Keibril, Hundida en el Silencio". La obra recopila testimonios y recientes revelaciones que buscan iluminar los aspectos todavía oscuros de la desaparición de la pequeña.

Keibril fue arrebatada de los brazos de su madre el 9 de abril de 2023 en Cervantes de Cartago. La madre, en ese entonces una niña de apenas 13 años, ya había padecido serias situaciones de abuso sexual por parte de Hugo Casasola Salas, padrastro de la niña y principal sospechoso del secuestro. La abducción se habría llevado a cabo con el propósito de impedir la realización de una prueba de ADN que confirmara este abuso. Sin embargo, dicha prueba se realizó posteriormente, ratificando las acusaciones que pesaban sobre Casasola.

El caso conmocionó a la opinión pública por la gravedad y crueldad de los hechos implicados. Aunque el cuerpo de la niña nunca fue hallado, las autoridades lograron atribuir a Casasola el homicidio basándose en las pruebas incluidas en el expediente.

Desde un inicio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió la investigación del caso, estableciendo como principal línea de investigación que el padre biológico de Keibril había sido el responsable del crimen.

No obstante, nuevas revelaciones han surgido recientemente, señalando la posible implicación de dos adultos mayores, uno de los cuales falleció hace poco. Estas revelaciones abren la puerta a eventuales acciones judiciales y mantienen vigente la atención en torno a las circunstancias que rodearon este desgarrador episodio.

MECO y la autopista Florencio del Castillo: ¿Intereses privados manipulando decisiones públicas?

#NotaDelRedactor 

#CarreteraSíConcesiónNo 

MECO y la autopista Florencio del Castillo: ¿Intereses privados manipulando decisiones públicas? 

La propuesta de concesión para la carretera Florencio del Castillo, que conecta San José con Cartago, promovida por la cuestionada constructora MECO, ha desatado una intensa polémica. Esto se debe a los exorbitantes costos del proyecto y al posible impacto negativo para miles de conductores, especialmente aquellos que transitan diariamente hacia Cartago. 

➡️ "" Impacto económico de la concesión**

Costo elevado: La concesión implicaría un aumento del 2412% en el costo del peaje actual. 

Presupuesto estimado: Se proyecta que la obra tendría un costo total de 487 millones de dólares según la propuesta presentada por MECO. 

Duración del contrato: El acuerdo de concesión sería por un periodo de 25 años. 

Nuevas tarifas de peaje: Se instalarían dos peajes en la ruta San José-Cartago con tarifas de aproximadamente $2 (alrededor de ¢1.884) por viaje en cada sentido, lo que podría incrementar el costo de un solo trayecto hasta casi 2 mil colones. Además, existe el riesgo de que se consideren más peajes dentro del proyecto. 

Costo por kilómetro: Alrededor de 20 millones de dólares. 

➡️ **Controversia política y social**

Desde 2016, la Ley 19280, diseñada para mejorar el corredor vial San José-Cartago mediante un fideicomiso, cuenta con amplio respaldo político y ciudadano. Esta ley establece condiciones justas para los usuarios. Sin embargo, ningún gobierno ha avanzado en su ejecución; en cambio, se ha favorecido la concesión privada a MECO, empresa actualmente envuelta en investigaciones relacionadas con el Caso Cochinilla. 

El exdiputado cartaginés Francisco Camacho, impulsor de dicha ley, declaró en 2021 que "privatizar esa ruta ha sido siempre el plan". Representantes del Foro de Oriente han manifestado su rechazo categórico, señalando que “el negocio ahora es concesionar y usar argumentos para compensar a empresas cercanas a ciertos políticos”. 

➡️ **¿Por qué se privilegia a MECO?** 

La pregunta crucial es por qué se opta por una costosa concesión privada cuando existe una normativa clara que podría garantizar una gestión transparente y beneficiosa para la población. La respuesta parece estar asociada a intereses privados que relegan el bienestar público, perjudicando a miles de conductores que usan esta ruta a diario. 

Este panorama exige reflexión y rechazo ciudadano frente a decisiones que priorizan las ganancias empresariales sobre las verdaderas necesidades económicas y sociales de la población. La consigna #CarreteraSíConcesiónNo resurge con más fuerza como un llamado a proteger el desarrollo vial justo, accesible y transparente para todos. 

Laura Fernández y el modelo del Régimen de Bukele.

#NotaDelRedactor 

🔴 En una entrevista con la cadena de noticias Deutsche Welle (DW), Laura Fernández manifestó su intención de implementar en Costa Rica el llamado "modelo Bukele", refiriéndose al estilo de gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Fernández señaló que busca adaptar ciertas estrategias de este modelo para mejorar la seguridad y la eficiencia del gobierno en Costa Rica.

El "modelo del régimen Bukele", al que se refiere Laura Fernández, ha sido denunciado desde detenciones arbitrarias y cupos policiales hasta muertos y torturados en prisión, y también por medidas de seguridad y control que incluyen:

➖ La declaración de estados de excepción que permiten la detención de personas sin una orden judicial previa.
➖ La realización de allanamientos sin autorización judicial y la interceptación de comunicaciones telefónicas sin orden de un juez.
➖ La suspensión de derechos fundamentales como el derecho a ser informado sobre las razones de la detención y a contar con asistencia legal inmediata.

Estas prácticas han generado críticas respecto a la vulneración de derechos humanos y libertades civiles.

La preocupación expresada es que implementar este modelo en Costa Rica podría afectar gravemente su reputación como un país democrático, respetuoso de los derechos y las libertades individuales; además, podría disuadir la inversión extranjera, especialmente de Europa, debido a la inseguridad jurídica y la posibilidad de medidas arbitrarias contra personas o empresas.

Costa Rica, a diferencia de El Salvador, no depende principalmente de las remesas, sino que su desarrollo económico y social se basa en otros pilares, incluyendo la estabilidad democrática y el respeto a los derechos humanos.

Por ello, la insistencia en adoptar un enfoque similar al "modelo Bukele" genera inquietud y rechazo entre quienes valoran la tradición democrática y pacifista costarricense de protección de derechos y garantías jurídicas.