“Quiero referirme a un hecho judicializado, NO ES UNA OPINIÓN, sino aclarar el tema de los sobresueldos (de la expresidenta ejecutiva de la Caja), no estamos ante un debate político, sino a un proceso judicial de lesividad iniciado por la CCSS que demandó la anulación de una acción de personal que habría autorizado un salario de ¢7.158.848 mensuales cuando el tope legal era de ¢5.565.000, la diferencia está un 33% por encima del tope legal. La Contraloría dispuso ajustar el salario y recuperar las sumas pagadas en exceso, la junta directiva ordenó la recuperación de los fondos”, aclaró Rodríguez.
La Caja no está en crisis por falta de recursos, pese a la deuda de casi ¢5 billones, ni por incapacidad técnica de su personal, sino por decisiones administrativas que son investigadas por el Ministerio Público, la concentración del poder, el debilitamiento en el control financiero y las inequidades en la prestación del servicio.
“La solución pasa por fortalecer la función pública, respetar el criterio técnico, garantizar transparencia en la rendición de cuentas y proteger el carácter público, solidario y universal de la Caja”.
Durante la comparecencia también participaron José Luis Loría y Maritza Jiménez, exmiembros de la junta directiva de la Caja y representantes del sector cooperativo y solidarista, quienes cuestionaron la enorme deuda que tiene el gobierno con la institución, la persecución que sufrieron por parte del Poder Ejecutivo, y como (en el caso de Jiménez) fue expuesta a un juicio que estuvo a cargo de la secretaria del Consejo de Gobierno, quien actualmente fue elegida como diputada del partido oficialista.
Ante esto, la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio señaló que desde su perspectiva este accionar evidenciaba un irrespeto claro de la autonomía de la Caja y que sistemáticamente las contrataciones, falta de pagos y debilitamiento de la Institución estuvieron vinculadas con decisiones políticas directas desde Casa Presidencial.
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