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MECO y la autopista Florencio del Castillo: ¿Intereses privados manipulando decisiones públicas?
La propuesta de concesión para la carretera Florencio del Castillo, que conecta San José con Cartago, promovida por la cuestionada constructora MECO, ha desatado una intensa polémica. Esto se debe a los exorbitantes costos del proyecto y al posible impacto negativo para miles de conductores, especialmente aquellos que transitan diariamente hacia Cartago.
➡️ "" Impacto económico de la concesión**
Costo elevado: La concesión implicaría un aumento del 2412% en el costo del peaje actual.
Presupuesto estimado: Se proyecta que la obra tendría un costo total de 487 millones de dólares según la propuesta presentada por MECO.
Duración del contrato: El acuerdo de concesión sería por un periodo de 25 años.
Nuevas tarifas de peaje: Se instalarían dos peajes en la ruta San José-Cartago con tarifas de aproximadamente $2 (alrededor de ¢1.884) por viaje en cada sentido, lo que podría incrementar el costo de un solo trayecto hasta casi 2 mil colones. Además, existe el riesgo de que se consideren más peajes dentro del proyecto.
Costo por kilómetro: Alrededor de 20 millones de dólares.
➡️ **Controversia política y social**
Desde 2016, la Ley 19280, diseñada para mejorar el corredor vial San José-Cartago mediante un fideicomiso, cuenta con amplio respaldo político y ciudadano. Esta ley establece condiciones justas para los usuarios. Sin embargo, ningún gobierno ha avanzado en su ejecución; en cambio, se ha favorecido la concesión privada a MECO, empresa actualmente envuelta en investigaciones relacionadas con el Caso Cochinilla.
El exdiputado cartaginés Francisco Camacho, impulsor de dicha ley, declaró en 2021 que "privatizar esa ruta ha sido siempre el plan". Representantes del Foro de Oriente han manifestado su rechazo categórico, señalando que “el negocio ahora es concesionar y usar argumentos para compensar a empresas cercanas a ciertos políticos”.
➡️ **¿Por qué se privilegia a MECO?**
La pregunta crucial es por qué se opta por una costosa concesión privada cuando existe una normativa clara que podría garantizar una gestión transparente y beneficiosa para la población. La respuesta parece estar asociada a intereses privados que relegan el bienestar público, perjudicando a miles de conductores que usan esta ruta a diario.
Este panorama exige reflexión y rechazo ciudadano frente a decisiones que priorizan las ganancias empresariales sobre las verdaderas necesidades económicas y sociales de la población. La consigna #CarreteraSíConcesiónNo resurge con más fuerza como un llamado a proteger el desarrollo vial justo, accesible y transparente para todos.
