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“El agua también es sagrada”.
*Las autoridades costarricenses tienen que entregar agua potable en camión a la población de Cipreses y Santa Rosa, de Oreamuno, por contaminación con clorotalonil.
👉Este artículo se publicó originalmente como una investigación de Unearthed, la unidad de investigación de Greenpeace Reino Unido, y Public Eye, una ONG suiza de defensa de los derechos humanos.
Cómo un pesticida prohibido en Europa le robó el agua a un pueblo en Costa Rica.
Por meses las autoridades costarricenses han tenido que llevar agua al pueblo de Cipreses en camiones, luego de que se descubrió que el acueducto estaba contaminado con derivados del clorotalonil, un pesticida prohibido en Europa que Syngenta y otras empresas europeas aún venden en Costa Rica. Las autoridades temen que esto podría ser sólo la punta del iceberg en un país donde las autoridades no tienen la capacidad de analizar su propia agua para detectar estos contaminantes.
Cuando avisaron que iba en camino el primer camión con agua limpia, los denunciantes de la contaminación del acueducto en Cipreses supieron que su pelea estaba bien encaminada. Las instituciones del Estado, finalmente, habían comprendido la necesidad de llevar al pequeño pueblo montañés de Costa Rica agua de otros sitios después de que pruebas de laboratorio hallaron en las fuentes sustancias derivadas del clorotalonil en cantidades alarmantes, hasta 200 veces por encima de los parámetros permitidos. El plaguicida se usa ampliamente en las fincas agrícolas de Costa Rica, aunque está prohibido en Europa después de que se descubrió que es un contaminante de aguas subterráneas y un “presunto carcinógeno humano”.
Era el sábado 22 de octubre del 2022, dos días después de la orden del Ministerio de Salud costarricense en que recomendaba a los 5.000 usuarios del acueducto de Cipreses no utilizar el agua para beber ni para preparar alimentos. El cisterna llegó a las 8:50 a. m. a la entrada del pueblo y los miembros de un pequeño grupo de vecinos llamado EcoCipreses se alegraban sabiendo que este era un buen paso -ocho años después de que una vecina expresó su preocupación- pero el problema era mucho más grave y quizás iba a trascender los límites del pueblo.
Esos temores se confirmaron menos de dos semanas después. Las autoridades habían estado analizando la posibilidad de conectar Cipreses a las fuentes de agua utilizadas por el pueblo vecino de Santa Rosa, pero luego las pruebas de laboratorio encontraron que la mayoría de estos manantiales también estaban contaminados con productos de descomposición del clorotalonil. El 4 de noviembre, el Ministerio de Salud emitió otra orden, cerrando cinco de los manantiales de Santa Rosa. Una ronda posterior de pruebas encontró la presencia de contaminación en otro de los manantiales de Santa Rosa, y en marzo de este año también se cerró para el consumo humano.
Se han detectado metabolitos de clorotalonil en niveles hasta 200 veces superiores al límite legal en el manantial Plantón en Cipreses. Foto: Jose Díaz
Es probable que el problema de ambos poblados sea sólo la punta de un iceberg, según José Sánchez, presidente de la autoridad local responsable de administrar el sistema de agua de Santa Rosa (ASADA). Cipreses y Santa Rosa se encuentran en la región agrícola del norte de la provincia de Cartago, cerca de la capital de San José, donde los agricultores han estado rociando enormes cantidades de clorotalonil durante décadas. En esta zona, en las fértiles laderas del volcán Irazú, en la cordillera central de Costa Rica, se produce el 80% de las hortalizas del país y viven decenas de miles de personas. Sánchez cree que es probable que la contaminación se extienda por toda la región.
Una emergencia regional
“La lógica dice que conforme se sigan haciendo análisis de laboratorio van a seguir saliendo contaminadas las nacientes de toda esta zona, por el tipo de producción agrícola y el tipo de suelos”, nos decía Sánchez en su casa dos días después de recibir los resultados de laboratorio sobre la contaminación en la sexta de siete nacientes de la localidad. “Ahora esto no es solo el problema de un pueblo, es la emergencia de toda una región”.
Nadie sabe cuántas personas en Costa Rica han estado expuestas a estos contaminantes ni por cuánto tiempo. Las autoridades costarricenses nunca han analizado sistemáticamente el agua potable para detectar la presencia de uno de los pesticidas más utilizados en el país. Ni siquiera tienen la capacidad de analizar los metabolitos del clorotalonil, las sustancias que se crean cuando el agroquímico comienza a descomponerse en el medio ambiente, lo que también puede suponer riesgos para la salud.
Fueron metabolitos de clorotalonil los que contaminaron el agua potable de Cipreses y Santa Rosa, pero nunca hubieran sido descubiertos si no hubiera sido por las sospechas del grupo de vecinos que se organizaron para pedir que se analizara el agua, o por el trabajo de especialistas del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), de la Universidad Nacional, cuyos investigadores aceptaron realizar pruebas en el agua de forma voluntaria.
“Estábamos confiados en que hay un Laboratorio Nacional de Aguas que revisa dos veces al año la calidad del agua, pero no imaginábamos que pasaba esto”, agregó Sánchez.
Él no es el único que teme que la contaminación pueda ser mucho más generalizada de lo detectado hasta ahora. En abril, los ministerios de Salud y Medio Ambiente de Costa Rica emitieron un informe conjunto en respuesta a la situación en Cipreses y Santa Rosa. El informe señaló que en la región agrícola que rodea inmediatamente a estas comunidades, había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua similares; muchas de esta fuentes, agregó, estaban en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos". Concluyó recomendando una prohibición nacional del uso de clorotalonil.
Pero por ahora, los agricultores de esta región, donde el sustento de casi todos depende de la economía en torno a la producción de papas, zanahorias, cebollas o repollos, continúan rociando clorotalonil en sus cultivos. Y a pesar de que este pesticida ahora está prohibido en la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido debido a los peligros que representa para las fuentes de agua y la salud humana, las empresas europeas continúan vendiéndolo en grandes cantidades en países como Costa Rica.
Según datos aduaneros oficiales costarricenses analizados por Unearthed y Public Eye, los productos de Syngenta representaron más de una cuarta parte (26%) de todo el clorotalonil importado a Costa Rica entre 2020 y 2022. Esto representó una participación de mercado mayor que la de cualquier otro fabricante. Otras empresas agroquímicas europeas, incluida la alemana BASF, también están comercializando clorotalonil en Costa Rica. Algunos de esos productos incluso han sido exportados al país directamente desde Europa. Italia, Bélgica, Dinamarca y el Reino Unido han exportado clorotalonil a Costa Rica desde que aprobaron prohibiciones nacionales sobre la sustancia en 2019, según muestran los datos de aduanas.
Syngenta declinó dar comentarios para esta historia.
Un portavoz de BASF le dijo a Unearthed and Public Eye: “BASF ha sido informada de que se han observado rastros de metabolitos de clorotalonil en los sistemas de agua en Cipreses, Costa Rica. Tales informes son de gran preocupación para nosotros”.
La empresa está convencida de que sus productos son seguros “cuando se usan correctamente, siguiendo las instrucciones de la etiqueta y las pautas de administración”. “Como una capa de seguridad adicional, evaluamos voluntariamente todo los usos de los productos que tienen riesgos potenciales para la salud y sólo los respaldamos cuando las evaluaciones confirman la seguridad de los agricultores en las condiciones de uso local. Nuestros empleados viven y trabajan en los países donde vendemos nuestros productos y están en los campos con los productores locales”.
Ya han pasado más de ocho meses desde que los camiones cisternas comenzaron a llevar agua a Cipreses, pero aún no se vislumbra una solución. Actualmente la construcción de nuevas casas o edificios está prohibida en Cipreses debido a la falta de permisos para tuberías de agua. A mediados de junio, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) -el organismo del gobierno central responsable de supervisar los servicios de abastecimiento de agua en todo el país- ya habría pagado $200.000 por las entregas de los camiones.
Entre autoridades y la población cunden las inquietudes, las dudas sobre la situación real y las preguntas sobre posibles soluciones. Sin embargo, la evidencia de estudios en países europeos donde el producto químico ya está prohibido es que los metabolitos del clorotalonil son muy persistentes en el medio ambiente y es probable que “deterioren significativamente las aguas subterráneas durante muchos años”. Las tecnologías disponibles para eliminar estos contaminantes del agua potable son prohibitivamente caras y consumen mucha energía.
“Hay que hacer un muestreo más amplio en toda la zona, pero hay que ver con cuáles recursos y cuál es el camino para solucionar esto. No es sostenible atender a la población con camiones todos los días o dejar que siga arriesgándose con el agua de la tubería. Hay que pensar al mismo tiempo en cómo recuperar las fuentes, pero es complejo. Esto da tristeza”, reflexionaba Clemens Ruepert, químico investigador del IRET. Sus análisis han sido determinantes para sostener las denuncias de EcoCipreses y desencadenar las medidas sanitarias de las autoridades centrales del país. “La gente toma agua que indudablemente tiene productos de degradación de ciertos plaguicidas muy utilizados en la zona. No tenemos duda”, afirma Ruepert.
“El pan de cada día”
“Es como una droga”, dice el agricultor Óscar Ruiz, quien cultiva unos campos cerca de Cipreses. Muchos de los 9.000 habitantes estimados de Cipreses y Santa Rosa han seguido bebiendo agua del grifo a pesar de la orden del Ministerio de Salud, pero Ruiz no es uno de ellos. Dejó de beber agua del suministro de agua de Cipreses en octubre. En cambio, aprovecha las entregas de camiones cisterna o acarrea agua de una propiedad que posee en un pueblo cercano llamado Pacayas, creyendo que el agua de Pacayas no está contaminada. Pero no ha dejado de rociar clorotalonil en sus cultivos de zanahoria y papa.
“Es demasiado bueno para matar hongos”, le dice a Unearthed y Public Eye. Ruiz explica que el fungicida es efectivo y tiene un precio razonable, lo que significa que la gente lo usa en grandes cantidades y con más frecuencia de lo que recomiendan los fabricantes. Nos asegura que últimamente la gente ha empezado a usar menos, por consejo de ingenieros agrónomos que trabajan para la industria de pesticidas, que tiene gran influencia en esta zona rural. A lo largo de la calle principal se observan enormes vallas publicitarias de esos productos.
Daconil y Bravonil son dos de las marcas más conocidas de clorotalonil por aquí, ambas fabricadas por Syngenta, el gigante agroquímico multinacional con sede en Suiza, donde el uso de estos fungicidas está prohibido. Se venden ampliamente en Costa Rica y son particularmente populares en el norte de la ciudad de Cartago. Por 14.000 colones ($25) compramos una botella de Bravonil en una de las tiendas locales de Cipreses. “Se vende mucho”, nos dijo el vendedor.
El clorotalonil es el cuarto fungicida más vendido en Costa Rica, según datos recopilados por Elídier Vargas. Vargas investiga el uso de agroquímicos y es autor de estudios patrocinados por la oficina local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos estudios muestran que esta nación centroamericana, conocida internacionalmente como el “país más verde del mundo”, es también uno de los mayores consumidores de pesticidas por hectárea del mundo. En la región agrícola cercana al volcán Irazú es “pan de cada día”, nos dice Ismael Serrano, agricultor dueño de una fábrica en Cipreses que procesa zanahorias para la exportación, ubicada justo al lado del lugar donde se estacionó el primer camión cisterna en octubre pasado para llevar agua a los lugareños.
Serrano fue presidente de Cipreses ASADA, la autoridad que administra el sistema de agua del pueblo, hasta hace casi nueve años, y culpa a sus actuales directores de permitir que se contaminara el suministro de agua. Afirma que debido a que la ASADA no compró las tierras aledañas a los manantiales, los agricultores cultivan a pocos metros de estas fuentes de agua, aunque la ley dice que debe haber una distancia de al menos 200 metros. Serrano cuenta que siempre supo que las preocupaciones planteadas por EcoCipreses no eran solo caprichos de los activistas. “Tenían razón. Ahora hay pruebas de que las partículas de clorotalonil están presentes en el agua. Otros países han estudiado los graves efectos que tienen sobre la salud”, dijo a Unearthed y Public Eye, en una entrevista en su fábrica.
“Uno vive con miedo”
El riesgo para la salud humana provoca temor en una parte del pueblo por los efectos potenciales derivados de una sustancia que se ha aplicado por décadas sin control ni mediciones. “Uno vive con miedo y a menudo se pregunta en qué momento le saldrá algo raro en el cuerpo”, reconoce Óscar Ruiz, aunque él y su hijo Jordi todavía fumigan con clorotalonil su sembradío de zanahorias con bomba de motor y sin equipo de protección.
“Hace una semana perdí a un empleado de 45 años por un cáncer de estómago”, dice Ismael Serrano en su planta de empaque. “Él murió, y ahora su papá también lo tiene. Me pregunto si está relacionado”. Carretera arriba, en Santa Rosa, Unearthed y Public Eye se encuentran con Leonel Sánchez, de 70 años, cuando se dirige a sacar agua del camión. Su esposa tiene cáncer y su hijo tiene insuficiencia renal, por lo que no quieren “correr el riesgo de beber agua contaminada”, dice este agricultor jubilado, que solía usar clorotalonil y siempre bebía el agua del grifo sin pensarlo dos veces. Pero ahora presta atención a las advertencias. “Siempre usamos grandes cantidades de agroquímicos en nuestras fincas y nadie nos advirtió sobre ellos”, dice.
Los médicos en Costa Rica que hablaron con Unearthed y Public Eye dijeron que el seguimiento del país de las tasas de cáncer en general y los daños relacionados con los pesticidas en particular era débil, y que era imposible decir si los pesticidas utilizados alrededor de Cipreses estaban relacionados directamente con las enfermedades observadas.
Es cierto que no se han medido los efectos de la exposición al clorotalonil en la salud, advierte la doctora Rebeca Alvarado, epidemióloga investigadora de los efectos de plaguicidas para PNUD. En Costa Rica solo se registran los efectos de agroquímicos cuando se trata de crisis inmediatas, pero no los daños acumulados en el tiempo en forma de enfermedades crónicas. “Lo que tenemos es literatura internacional que habla de relaciones de la sustancia con problemas de asma, cáncer, daños en el sistema renal, en próstata y en el sistema reproductor femenino, sin descartar otros”, dijo Alvarado. “Aquí lo que sabemos es que hay sustancias derivadas del clorotalonil que están en el agua y no podemos establecer una causalidad con enfermedades en este lugar, pero hay algo claro: las personas están consumiendo residuos de una sustancias cuyos efectos contrarios a la salud están probados en otros países”.
La junta local responsable del servicio de agua de Cipreses no acepta que el agua que proporciona represente un riesgo para la salud de los residentes. En marcado contraste con sus contrapartes en la vecina Santa Rosa, la Asada de Cipreses ni siquiera acepta que su agua esté contaminada. Cuando el Ministerio de Salud emitió en octubre la orden al presidente de Cipreses ASADA, Virgilio Ulloa, de cerrar el uso de las nacientes para consumo humano, dijo a la prensa que el sistema de agua seguiría funcionando con normalidad, que “aquí no ha muerto nadie por esto” y que la gente consume “más veneno en sus vegetales que se comen”.
En una entrevista de dos horas con Unearthed y Public Eye, Ulloa despreció las credenciales del IRET, el instituto universitario cuyas pruebas descubrieron la contaminación, a pesar de que su ASADA contrató al IRET para realizar algunas de esas pruebas. Ahora alega que el laboratorio del instituto no está oficialmente acreditado para analizar los metabolitos del clorotalonil y afirma que IRET estaba bajo presión de los activistas locales para producir los resultados que dio. “Esta junta cometió el error de contratar a nuestros enemigos para hacer las pruebas”, dice Ulloa, un agricultor local que defiende con uñas y dientes el uso de pesticidas en la zona. Durante la entrevista, lleva una gorra con el logo de la tienda donde compramos el Bravonil.
Las dudas de Ulloa no son compartidas por Dárner Mora, el director del Laboratorio Nacional del Agua de Costa Rica, perteneciente a la institución gubernamental responsable de los servicios de agua y de supervisar a los acueductos rurales, como el de Cipreses. Este laboratorio estatal está certificado para realizar pruebas de metabolitos de clorotalonil, pero no tiene los recursos para hacer el trabajo por sí mismo, por lo ahora trabaja con IRET. “Siempre hay que aplicar la ciencia, y si el laboratorio del IRET detecta metabolitos, le creemos”, dice Mora. No tiene dudas de que las aguas de los manantiales de toda la zona alta de la provincia de Cartago tienen un alto riesgo de contaminación, por el terreno y el tipo de agricultura de la región.
Una segunda opinión
En lugar de aceptar el consejo de estos científicos, la ASADA de Cipreses, con el apoyo cercano de representantes de la industria de plaguicidas de Costa Rica, ha buscado una “segunda opinión”. A principios de este año, la ASADA encargó una nueva ronda de pruebas a un nuevo laboratorio, el del Centro de Investigación de la Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR). El único propósito aparente de estas pruebas era convencer al pueblo de que no había problema en beber el agua del grifo o seguir rociando los cultivos, porque el CICA había dejado claro desde el principio que podía hacer pruebas de clorotalonil, pero que no tiene la capacidad de analizar los metabolitos.
Sin embargo, la ASADA igual le encargó nuevas pruebas y las muestras fueron tomadas el 2 de febrero en la naciente llamada “Plantón”, ubicada en el fondo de un terreno en forma de olla en cuyos alrededores abundan los sembradíos de papá y repollo, sin respetar los 200 metros de protección que obliga la ley. Ahí estaban los miembros de la junta local, su administradora Sonia Aguilar, un abogado y el empresario Freddy Solís, presentado como presidente de Asociación de Formuladores y Comercializadores de Agroquímicos (Asoagro), según la transmisión que hizo por Facebook un periodista local al que pagaron para ello. Solís es también el gerente de la empresa llamada Distribuidora Inquisa, que también comercializa clorotalonil. “Es un empresario que nos da mucho apoyo en la ASADA con el tema de agroquímicos”, dijo ese día Sonia Aguilar, administradora de la junta.
En declaraciones a Unearthed y Public Eye, Solís dijo que ha participado como parte de la industria y que está convencido de que la orden sanitaria de octubre está basada “en presunciones”. Además descarta perjuicios del clorotalonil en la salud o al ambiente si se utiliza de manera adecuada y en las dosis que se leen en las pequeñas letras de los envases. “El uso de agroquímicos apegado a las recomendaciones de los fabricantes en la etiqueta y panfleto, ha demostrado que no causa riesgos adversos ni a la salud ni al ambiente y son una herramienta para asegurar la seguridad alimentaria de la población, en total apego con la legislación nacional”, afirmó el empresario.
CropLife Latin America, el organismo gremial que representa a Syngenta y otras multinacionales de pesticidas en la región, emitió un comunicado en el que sugería que el problema era que el Ministerio de Salud de Costa Rica había establecido un límite demasiado estricto para la cantidad de pesticidas que puede haber en el agua potable.
“Lo relevante no es detectar si aparecen o no residuos de plaguicidas en productos alimenticios o el agua, sino el nivel en que están apareciendo, dado que, toda vez que no se sobrepasen los VMA (valores máximos aceptables), no hay riesgo para el consumidor; siempre y cuando los VMA hayan sido establecidos siguiendo las normas y estándares científicos internacionalmente aceptados, que no es el caso de Costa Rica”, se lee en el comunicado.
Agregó que la normativa costarricense, que dispone un límite máximo aceptable para cualquier plaguicida en el agua potable de 0,1 microgramos por litro, se ha establecido “sin ningún fundamento técnico ni científico”.
Este límite es exactamente el mismo que establece la Unión Europea para la cantidad de pesticida que puede estar presente en el agua potable o subterránea. Asimismo, en la UE, este mismo límite se aplica a los metabolitos del clorotalonil, debido a la clasificación del pesticida como una sustancia química que puede causar cáncer.
Las garantías de la industria de plaguicidas no han resultado tranquilizadoras para el Instituto Nacional de Acueductos de Costa Rica, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente o la Sala Constitucional de su Corte Suprema, todos los cuales reconocen un problema de contaminación.
“El agua también es sagrada”
Este problema quizás nunca hubiera salido a la luz si no hubiera sido por las sospechas que despertaron en la vecina de Cipreses Isabel Méndez cuando visitó el manantial Plantón hace nueve años. Cipreses es un pueblo férreamente católico, y la comunidad solía hacer misas en esta fuente de agua para pedirle a la Virgen María que enviara lluvia para las cosechas. Méndez estaba trabajando en los preparativos de una de estas ceremonias un sábado de 2014 cuando percibió un fuerte olor a pesticidas. Esa noche llovió fuerte y al día siguiente notó en el suelo una nata blanca, probable residuo de las aguas que corrieron por los canales de la tierra cultivada en dirección a la naciente. “Luego yo pregunté a la ASADA si había contaminación en el agua y siempre me dijeron que no, pero yo quedé preocupada”, cuenta la mujer.
Dos años después, su hija Fiorella, con 16 años, fue diagnosticada de pólipos dentro de los senos paranasales. La han operado pero pronto le vuelven a salir. “Los doctores me han dicho que a falta de otros factores, no podemos descartar que el agua contaminada los haya acelerado”, dice la joven, ahora con 23 años, que ya perdió casi toda la capacidad de olfato y de gusto. Sólo es capaz de reconocer el olor irritante de los agroquímicos cuando sale a caminar o correr por las calles en medio de las fincas y de las pequeñas nubes que se levantan sobre los cultivos recién fumigados. Para un visitante es difícil no percibir que con frecuencia el viento trae olores químicos.
Por su familia y por el vecindario, Isabel decidió ir más allá del trabajo comunal asociado a la iglesia. “El agua también es sagrada”, justificaba. Así conoció al entonces administrador de la ASADA, Ricardo Rivera, quien también había señalado internamente problemas ambientales por el clorotalonil. Coincidieron con un conocido ecologista llamado Fabián Pacheco, que hacía poco había llegado a vivir a Cipreses para montar una finca orgánica, y con otros vecinos hasta que fundaron el grupo llamado EcoCipreses,. Ese fue el comienzo de una campaña que no solo ha descubierto una fuerte contaminación en sus propios suministros de agua, sino que también ha desencadenado expresiones de apoyo para la prohibición de este fungicida de uso generalizado.
En abril, los ministerios de Salud y Medio Ambiente de Costa Rica, junto con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), emitieron un informe conjunto recomendando una prohibición nacional del uso de clorotalonil. El informe concluyó que había evidencia de que el químico presentaba “riesgos significativos para la salud y el medio ambiente” y ante la contaminación en Cipreses y Santa Rosa era “necesario tomar medidas para evitar la contaminación de más fuentes de agua y proteger la salud de la población”. En junio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica emitió un fallo que otorga al gobierno seis meses para implementar las recomendaciones del informe.
En Costa Rica, cualquier decisión de prohibir un plaguicida considerado altamente peligroso debe ser tomada en conjunto por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, este último no participó del informe que recomienda la prohibición.
Además, el hecho de que un informe oficial recomiende una prohibición no significa necesariamente que el producto pronto será prohibido. En el pasado, proyectos de decretos para prohibir pesticidas en Costa Rica han quedado en las gavetas de los ministros.
La industria de los agroquímicos no parece dispuesta a sacar del mercado el clorotalonil. Solís señala que la prohibición debe ser la última de todas las opciones y deja bajo cuestionamiento las pruebas presentadas hasta ahora: “ante planteamientos de esta naturaleza en primer lugar debe de exigirse o recolectar por parte de las autoridades las pruebas reales, científicas y con la estricta técnica de muestreo y análisis, para comprobar que una presunción verdaderamente se fundamenta en hechos reales”, insistió. “Basados en presunciones, sin ciencia y sin técnica, en este campo o en cualquier otro, no es válido hablar de prohibiciones”.
Nadie tiene una respuesta
Mientras tanto, los habitantes de Cipreses y Santa Rosa enfrentan un futuro incierto. Isabel Méndez, Leonel Sánchez ni nadie sabe cuánto tiempo estuvieron bebiendo agua contaminada, o cuáles serán los efectos en su salud. Tampoco las autoridades ni la población conocen qué tan extendida está la contaminación en el país, ni cómo recuperar los manantiales que ya están afectados.
En Cipreses, el escándalo ha causado profundas divisiones, con quienes dirigen la ASADA en conflicto abierto con los vecinos que formaron EcoCipreses.
En el pueblo las opiniones están divididas. Muchos siguieron consumiendo el agua del grifo, otros empezaron a consumir la del camión pero con los días se cansaron del acarreo o de esperar que llegara y otros siguen acatando la recomendación de utilizar el líquido de la tubería solo para limpieza. No es fácil, dice José Miguel Quesada, un jornalero retirado de 76 años que ahora sufre un cáncer en la lengua, quizás relacionado al agua, según le dijo la doctora que lo atiende en el hospital. “Uno no sabe si es por el agua, pero es posible. Igual por aquí hay otras personas que se han enfermado y lo sospechan”, dijo.
En la escuela es obligatorio usar solo el líquido del tanque que cada día llena el camión para beber y para que las cocineras preparen los alimentos, explicaba Virginia Corrales, la directora. “No dudo de que el agua esté contaminada, ya con estudios hechos, pero no sabemos los efectos. Además tenemos la orden del Ministerio de Salud para utilizar el agua de los camiones. Yo tengo que velar por la salud de más de 300 alumnos” decía en su oficina. Mientras, Ana Lía Coto, la jefa de la cocina escolar, pelaba las papas con el agua del tanque, aunque en su casa la toma del grifo sin preocuparse. “Nada nos ha pasado”, justificaba alzando los hombros.
Fuera de la escuela, Valeria Calderón esperaba el autobús hacia su trabajo en una fábrica en otro pueblo. Vive con su marido y dos hijos en una casa que les prestan en una finca donde él trabaja. Cuenta que tiene cinco años de esperar una casa propia en un proyecto social para familias pobres, pero los planes se paralizaron por la prohibición de nuevas conexiones de agua, ante la señalada contaminación. “Si despiden a mi esposo, no tenemos a dónde ir. Nos ha afectado mucho el problema de esa contaminación que dicen”, cuenta con pesimismo sobre el futuro inmediato. Tampoco sabe qué pasará.
Ella no es la única. Es difícil definir un plazo de soluciones, advirtió Rafael Barboza, director de gestión de acueductos rurales en AyA. “El interés siempre es recuperar la fuente”, añade. Aún están en proceso nuevas pruebas de las fuentes actuales en toda la región cercana al volcán Irazú. Esto, por supuesto, puede simplemente revelar un problema mucho más amplio e intratable. La “mayor preocupación”, admite Albin Badilla, del Ministerio de Salud, es que la contaminación en Cipreses y Santa Rosa resulte extendida por toda la región.
La administradora de la ASADA de Cipreses, Sonia Aguilar, mencionó que exploran otras posibles fuentes y evalúan contratar sistemas de filtración para las nacientes contaminadas, pero desconoce quién debe asumir los costos. La evidencia de Europa es que la tecnología para eliminar los metabolitos del clorotalonil es prohibitivamente costosa.
El panorama es incierto. “Ahora mismo no podemos impedir que se siga dando el problema y si usted me pregunta cuál es la solución, tengo que decirle que no tengo una respuesta. No la tengo yo y no la tiene ninguna ASADA de esta zona”, decía cabizbajo José Sanchez, de la junta de Santa Rosa.
Este artículo se publicó originalmente como una investigación de Unearthed, la unidad de investigación de Greenpeace Reino Unido, y Public Eye, una ONG suiza de defensa de los derechos humanos.
Artículo:
Por Álvaro Murillo
Periodista costarricense en Semanario Universidad y colaborador de medios internacionales.
Foto: A pesar de los riesgos, los agricultores de la región siguen rociando sus campos con clorotalonil. Jose Díaz.
