Hoy se cumplen 36 días de la desaparición de la bebé Keibril García

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Hoy se cumplen 36 días de la desaparición de la bebé Keibril García. 

* La búsqueda no ha rendido frutos y se han detectado serias omisiones en la respuesta Estatal a dos personas menores de edad en riesgo.

*Sospechoso de rapto  de Keibril está recluido en celda individual en Alajuela.

*PANI suspendió a seis funcionarios por investigación de caso de Keibril.

La sustracción de bebé de nueves meses de edad, de nombre  Keibril Amira García Amador- ocurrió a eso de las 11 a. m. del domingo 9 de abril anterior. Fue arrebatada por un hombre a su mamá -entonces de 13 años de edad- cuando ambas se dirigían de Mata de Guineo de Cervantes de Alvarado a Santiago de Paraíso, con el objetivo de vender golosinas y números para una rifa.

Aquella queja, a su vez, destapó una serie de negligencias y omisiones en la respuesta estatal dada a la madre adolescente. Esas actuaciones deficientes hicieron del caso de la bebé desaparecida, una situación más trágica en la que quedan muchas preguntas por responder.

El sospechoso del rapto de la bebé, está recluido en una celda individual en la cárcel Terrazas, dentro del Complejo Occidente, en Alajuela y se trata del hombre, de Hugo Casasola Salas, de 33 años, quien se presume  violó a su hijastra de actualmente 13 años. Producto de ese ataque, la menor tuvo a la criatura que tiene ya un mes de desaparecida.

La hipótesis policial indica que aparentemente Casasola sustrajo a la bebé para evitar que le hicieran una prueba de paternidad, con la que se confirmaría la agresión sexual.

Se vuelve relevante, además, recordar que el Código Penal castiga con hasta 16 años de prisión a quien mantenga relaciones sexuales con menores de 13 años de edad. En el caso de la madre de la bebé, esta tenía 12 años para el momento en que mantuvo el encuentro que derivó en la concepción de Keibril.

Fue hasta el 17 de abril que se confirmó el parentesco de Casasola Salas y García Amador, como lo anunció el director general interino del Organismo de Investigación, Rándall Zúñiga López, en una conferencia improvisada desde las inmediaciones del sitio en el que se creía podía estar la menor.

Ese mismo día, el jefe de la Policía Judicial confirmó la localización de una prenda de bebé impregnada por sangre. La misma fue remitida a los laboratorios para la correspondiente comparación con la muestra obtenida del tamizaje de la bebé.

Pero esa evidencia, que resultaba clave para el expediente 23-001476-0058-PE, resultó insuficiente. Del rastro de sangre no se logró obtener ácido desoxirribonucleico (ADN) de origen humano en cantidad o calidad suficiente para realizar el perfil genético a comparar con las muestras que se tenían de la niña, como detalló el Organismo de Investigación en un comunicado del 4 de mayo.

Durante todo ese tiempo fueron destapándose nuevas informaciones sobre elementos relacionados con la pesquisa. Por ejemplo, trascendió que la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil solicitó desestimar una denuncia presentada por el Liceo Manuel Emilio Rodríguez Echeverría, por la violación de la madre adolescente.

Aquella gestión fue finalmente acogida por el Juzgado Penal Juvenil, en el tanto que se argumentó que tanto la víctima como el infractor eran menores de edad, como señaló el Ministerio Público en un pronunciamiento el 14 de abril. No obstante, el diario La Nación reveló tres días más tardes que la queja planteada por el centro de enseñanza ponía como presunto autor del hecho al padrastro.

De ese contexto se extrae que el órgano acusador nunca efectuó una prueba de paternidad que vinculara o descartara a Casasola Salas. Esa tesis cobra fuerza con la publicación de una nueva de política de persecución, realizada el 25 de abril por el fiscal general Carlo Díaz Sánchez, que instruyó a llevar a cabo todas las diligencias de investigación que fueran necesarias antes de efectuar un requerimiento conclusivo en causas que involucren a menores de edad.

La actuación de los funcionarios que atendieron el caso en primera instancia -de apellidos Arroyo Pérez y Solís Mora- fue sometida a revisión del Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ). La pesquisa se mantiene en trámite bajo el expediente 23-000189-1821-DI.

Otro punto de relevancia tiene que ver con la actuación del Patronato Nacional de Infancia (PANI), también bajo la lupa de la Fiscalía de Cartago, así como de la presidenta ejecutiva de la entidad, Gloriana López Fuscaldo.

Específicamente, la pesquisa se originó de la cobertura de la prensa sobre la sustracción de la bebé y se relacionaba con datos de posibles riesgos que vivían la mamá de Keibril y su hermano en su casa. Según el defensor José Pablo Badilla, abogado de los funcionarios separados, ellos presentaron una apelación, pero le corresponde a la presidenta del PANI Gloriana López, tomar la resolución sobre el reintegro a labores.

El rastreo de la bebé desaparecida -que en terreno fue dado por terminado el 25 de abril- peinó un cañal en Las Mesas de Cervantes (con todo y un basurero clandestino) y otra propiedad en Pacayas, ambas comunidades de Alvarado, así como una finca en El Trapiche de Juan Viñas de Jiménez (la cual incluyó dos pozas). A ello debe sumarse que el 28 de abril, la Policía Judicial tuvo que descartar una versión que apuntaba a que la menor permanecía en la Zona Sur del país.

Por la sustracción de Keibril, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta amarilla, con la cual se solicita a los cuerpos de seguridad aliados mantenerse al tanto de cualquier movimiento o eventualidad relacionada al caso que puedan ocurrir en sus países.

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